Ruinas económicas encadenadas

El crack de la construcción ha sembrado España en los últimos tres años de historias desesperadas de impagos y ruinas. La última se desarrolla desde el lunes 27 de septiembre ante el número 15 de la avenida de Italia de Sevilla, en la barriada de Los Bermejales, donde cerca de medio centenar de trabajadores y autónomos encabezados por el constructor de Los Palacios Joaquín Gómez Fernández, dueño de Tregocons, han montado una protesta permanente ante el domicilio particular del promotor Francisco Blanco Chacón, de la empresa Sentier, para reclamarle el pago de 420.000 euros.

Ésa es la cantidad que, según sus cálculos, les adeuda por la construcción de un bloque de 15 pisos y tres locales en la esquina de las calles Gonzalo de Bilbao y Méndez Casariego de Sevilla.

Dicen que han recurrido a esta medida de presión porque están desesperados, se les han agotado el dinero y la paciencia y van a perder ellos sus propias casas. Grandes pancartas ante el portal y en la acera de enfrente acusan al empresario, señalando ante los vecinos y viandantes su nombre, el número de su dúplex y su pecado: «Páganos los 420.000 euros, nuestras familias no tienen qué comer, lo vamos a perder todo, ¡paga ya!»; «Le pedimos perdón a los vecinos, por culpa de uno...», se excusa otro cartel.

Las persianas permanecen bajadas. Blanco, su mujer y sus dos hijas, de 9 y 8 años, se han ido con otros parientes para escapar del «acoso» de los manifestantes, a los que han denunciado. Francisco Blanco explica por teléfono que hoy comparecerá ante el Juzgado de Instrucción número 12 para confirmar sus denuncias, ampliarlas y pedir una orden de alejamiento, y dice que ayer por la mañana, por segunda vez, varios obreros colocaron una pancarta contra él ante la puerta del colegio Claret de Sevilla, donde estudian sus hijas, aunque tras la llamada de la dirección a la Policía alguien las quitó.

Añade que comprende la desesperación de los trabajadores y del constructor Joaquín Gómez, con el que había trabajado hasta ahora, dice, en ocho obras, pero que no admite que trasladen el «acoso» a sus hijas menores de edad. «Me preguntan, 'papá, ¿tú que has hecho?'. Mi familia está aterrorizada. Son unos matones», denuncia.

Sin embargo, el constructor acreedor y los dos únicos albañiles que lo acompañaban ayer a las 16.30 horas en el lugar de la protesta niegan tajantemente que hayan amenazado al promotor y a su familia. Afirman que no ha habido ningún contacto físico, ningún intercambio verbal en estos 11 días de protesta, y que precisamente los evitan para no ser acusados de usar métodos violentos.

Hablan alrededor de la mesa donde queman horas comiendo pipas o jugando a las cartas. Al lado están los corchos sobre los que dos duermen de noche mientras otros hacen guardia. Dicen que no tienen constancia de que los hayan denunciado y que ya tienen un permiso [se entiende que de la subdelegación del Gobierno] para montar tiendas de campaña a partir del 5 de octubre. No se irán hasta que les paguen, dicen los albañiles José Luis Camarero, de 23 años, y Javier García, de 25 y padre de una niña. No cobran desde hace cuatro meses porque su jefe, Joaquín, no cobra a su vez de Francisco.

La idea de montar la protesta ante la casa del promotor moroso partió de los agobiados empleados de Joaquín. Éste cuenta que en los días de bonanza llegó a dar trabajo a 100 personas y ahora tiene en plantilla a 16 o 18 a los que no puede pagar. Esta misma semana ha tenido que despedir a cinco para que por lo menos cobren el paro, dice con pesadumbre el pequeño constructor de Los Palacios. «No tengo un chavo. No tengo ni para hacer los recados».

Explica que a esta deuda se unen los «más de 400.000 euros» que le adeuda el Ayuntamiento de Los Palacios por una biblioteca y «480.000 euros» de otra obra en Camas encargada por Blanco y un socio. En suma, 1.300.000 euros de los que no ha visto un céntimo. Joaquín debe dinero a sus empleados y a los autónomos que subcontrató: electricidad, fontanería, escayola, madera, aluminio, hierro... En total, cerca de medio centenar de padres de familia pendientes de esos 420.000 euros colgados. Joaquín Gómez se queja de que no hay leyes en España que eviten y castiguen la morosidad o los pagarés impagados, «como en Portugal». «Estamos totalmente indefensos».
 
Joaquín Gómez, el constructor acreedor, acusa al promotor deudor, Francisco Blanco, de haberse quedado con el dinero de la venta de los pisos que hicieron en Gonzalo de Bilbao. Pero el promotor lo niega y dice que ésa es «una fantasía, una película que se ha montado» el constructor ante sus obreros y proveedores para justificarse y presentarlo a él como único culpable.
Blanco afirma que no tuvo beneficios porque la construcción se retrasó un año, estalló la crisis y tuvo que «malvender» los pisos. «Le he dicho que venga conmigo al banco para que vea las cuentas, pero no lo ha hecho», dice.

Añade que el primer día de la protesta se reunió con Gómez y acordaron que le daría dos locales para compensar la deuda. Pero el constructor no los quiere porque están hipotecados, aunque el promotor matiza que él pagaría las letras hasta que se vendan. «Ha sido una desgracia tanto para él como para mí», dice Francisco. Y Joaquín avisa que no se irá. No tiene a dónde.